La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina expresó su «absoluta oposición» y el «rechazo» a los cambios introducidos por el Gobierno del presidente Javier Milei en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional, alertando de sus altos riesgos en materia de seguridad y la posibilidad de «detenciones sin orden judicial» que hay detrás de la reforma, con implicaciones para las libertades individuales y los derechos constitucionales.

En un comunicado emitido este viernes 2 de enero de 2026, la CGT advierte que el paso dado por el Ejecutivo «habilita por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación«.

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La principal central sindical del país sudamericano alerta de que la decisión del ultraderechista Milei «deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica«, subrayando que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) «incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario», pues «todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial».

La CGT señala que, además, el cambio autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a «realizar tareas de inteligencia interior» y faculta la ejecución de tareas ante la «fuga de información clasificada», lo que, en la práctica, «representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre, entre otros graves riesgos».

Así —apunta la CGT—, «se configura una grave amenaza sobre las libertades individuales y los derechos garantizados por la Constitución argentina».

En el comunicado se denuncia que esas iniciativas del Gobierno de Milei, «alineadas con movimientos geopolíticos que no responden a los intereses nacionales, y que nos remontan a experiencias trágicas de nuestro pasado épocas nefastas de persecución ideológica y violencia social«, están «divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo«.

Además —añade— «surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo, y que, por lo tanto, se aleja cada vez más de un modelo compatible con la vigencia de una democracia plena».

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